Desde hace tiempo, las firmas de auditoría, además de gozar de enormes ganancias, cuentan con cierta protección que los libra de estar expuestos legalmente a las demandas por fraudes financieros que introducen los inversionistas.
Las firmas, tales como PriceWaterhouseCoopers, KPMG International, Deloitte Touche Tohmatsu y Ernst & Young, se salvan de disputas legales alegando que son una red de empresas de miembros independientes que se encuentran unidas sólo por una oficina administrativa en común. De esta forma, incluso las penalizaciones más fuertes no pueden derrumbar toda la organización, ya que los activos se encuentran distribuidos entre todos los socios.
No obstante, existen dos juicios pendientes por auditorías distorsionadas, en la actualidad, que podrían poner en peligro la estabilidad del grupo auditor, la cual ya empieza a tambalearse por las responsabilidades que debe enfrentar ante casos legales serios, como el de la compañía India Satyam Computer Services (SAY) que acusa a PwC International por no haber detectado el fraude cometido contra ella.
Los accionistas de SAY, por su parte, tocaron un punto a su favor al plantear que estas firmas sí ejercen cierto control sobre su grupo corporativo. Prueba de ello es el caso de Parmalat, en donde se evidenció que la compañía Deloitte establecía conexiones y trabajaba en conjunto con otras firmas del grupo.
Si bien la corte de apelaciones, en este juicio, exigió al grupo corporativo controlar y manejar las operaciones de sus miembros, lo cierto es que no se sabe aún si, en estos nuevos cargos, el juez finalmente declarará una sentencia en la que se obligue a esta red de firmas de auditoría a responder por responsabilidades compartidas.
Fuente Original: Business Week Magazine
